Este dato encendió una luz de alarma no sólo en la oposición, sino también en algunos sectores del oficialismo. Advierten que, si prospera en el Congreso la ley de traspaso de los fondos de las AFJP al Estado, el Gobierno estará facultado a echar mano de una masa millonaria de recursos originalmente del sector previsional para prestarle al Tesoro o bien efectuar préstamos.

Actualmente, los recursos excedentes de la Anses, resguardados en el FGS, suman alrededor de 20.000 millones de pesos. Este es el superávit actual del organismo. Se calcula que, con la eliminación del régimen de jubilaciones privadas, recalarán al Estado alrededor de 97.000 millones de pesos, aunque buena parte de estos fondos ya están colocados en títulos públicos. A esta masa de dinero se debe sumar los 15.000 millones que de ahora en más recibirá el Estado en concepto de aportes mensuales que realizarán los actuales afiliados privados a las AFJP.

Legisladores de la oposición plantearon ayer esta cuestión al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y al director de la Anses, Amado Boudou. No obtuvieron de ellos una respuesta contundente. “Vamos a reformular el reglamento porque la masa de recursos del FGS, con la sanción de la ley, será diferente”, respondió Boudou, pero sin dar mayores definiciones.

Ese reglamento también autoriza a la Anses a usar los recursos del FGS para celebrar contratos que se negocien en los mercados de futuros, hasta el 10%; títulos valores emitidos por Estados extranjeros, hasta el 10%; títulos valores emitidos por las provincias, municipalidades y entes autárquicos (30%); obligaciones negociables (40%); depósitos a plazo fijo en moneda doméstica o extranjera (10%); acciones de sociedades anónimas (50%); cédulas hipotecarias (40%) y cuotapartes de fondos comunes de inversión (20%).

Los legisladores consideran excesivas estas facultades para el manejo de los recursos jubilatorios, y reclaman limitaciones. Y observan que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo adolece de numerosas imprecisiones, sujetas a una reglamentación posterior por parte del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el artículo 9 establece que la Anses gozará de autonomía financiera y económica, pero “sujeto a la reglamentación” posterior.

Similar redacción tiene el artículo 10, que dispone que las AFJP, una vez liquidadas, recibirán compensaciones por parte del Estado que “en ningún caso” podrán superar el valor máximo de su capital social. Esas compensaciones se determinarán “según establezca la reglamentación” de la ley.